A continuación se presentan diversos casos que, organismos públicos de protección
de los derechos humanos, aceptaron investigar para determinar si se cometieron violaciones por parte de servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia.

Caso 1. Una persona que había denunciado un delito ante una procuraduría de justicia local, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de su estado a presentar una queja, ya que consideró que el Ministerio Público había cometido algunas irregularidades en la integración de la averiguación previa porque, desde su punto
de vista, no realizó las acciones necesarias para determinar la responsabilidad penal del autor del delito.

Caso 2. Un joven denunció ante una comisión estatal de derechos humanos que fue detenido y agredido físicamente por miembros de la policía judicial del estado; asimismo, denunció que no le informaron sobre su situación jurídica, no obstante que en varias ocasiones lo solicitó al personal de la agencia del Ministerio Público.

Caso 3. Una persona denunció ante el organismo defensor de los derechos humanos que policías judiciales de la procuraduría de su estado detuvieron, golpearon y torturaron a un familiar, y le negaron atención médica. Debido a lo anterior, solicitó que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de dicha persona, la cual continuaba detenida al momento de presentar la queja.

Caso 4. Una persona denunció ante la Comisión de Derechos Humanos local que el Ministerio Público tomó y anotó equivocadamente sus datos personales al momento
de levantar una denuncia por un delito.

Caso 5. Una mujer que denunció la presunta o supuesta violación sexual contra una menor de edad, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de su estado a presentar una queja, argumentando que la psicóloga asignada por la Procuraduría de Justicia para que se hiciera cargo del caso, trató de convencerla para que llegara a un arreglo con el probable responsable, y actuó de manera parcial a favor del presunto autor del delito.

Caso 6. Una persona se quejó ante la Comisión de Derechos Humanos, manifestando que la indagatoria, es decir la investigación por el delito de homicidio cometido en contra de su hijo “se archivó”, a pesar de que existían elementos suficientes que inculpaban a los presuntos responsables.

Caso 7. Un hombre acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad a denunciar que algunos miembros de la policía judicial del estado se introdujeron de manera violenta en su domicilio y detuvieron a su hermano, sin contar con orden de aprehensión o de detención ni con orden de cateo.