En materia penal, el amparo protege a las personas contra violaciones cometidas
fuera y dentro de la averiguación previa por las autoridades encargadas de perseguir e investigar los delitos. Asimismo, el amparo puede promoverse para impugnar las resoluciones y sentencias de los jueces penales que ponen fin al procedimiento, así como para impedir violaciones a las garantías constitucionales que puedan darse durante el proceso.

Es muy importante tener claro que el amparo no tiene como finalidad demostrar la inocencia del acusado, sino impedir violaciones a las garantías que éste tiene durante el procedimiento que se lleva en su contra. La acusación puede verse anulada o debilitada con motivo de la violación de dichas garantías, pero también puede suceder que, a pesar de haber sido violadas ciertas garantías, la autoridad acusadora logre acreditar ante el juez penal la autoría del acusado.

Una sentencia condenatoria puede ser impugnada por medio de un amparo cuando no cumple con ciertos requisitos constitucionales, por ejemplo, el de estar debidamente fundada y motivada. En tal caso, podría ocurrir que el procedimiento deba ser subsanado por el juez penal, lo que podría dar lugar a corregir el sentido de la sentencia, absolviendo al acusado.

Existen dos tipos de amparo, el directo y el indirecto. El amparo indirecto se interpone ante un Juez de Distrito en materia penal cuando una persona se siente agraviada o lesionada por algún acto ejecutado por cualquier tipo de autoridad; por ejemplo, cuando se detiene a alguien sin una orden escrita de aprehensión.
En cambio, el amparo directo se interpone ante un Tribunal Colegiado especializado en materia penal y se inicia contra sentencias definitivas y resoluciones que dicten los tribunales y que ponen fin a un juicio.