Los seres humanos nos congregamos en grupos con la finalidad de satisfacer diversas necesidades, tanto individuales como colectivas. Al relacionarnos con los otros podemos realizarnos como personas y ayudamos a los demás a realizarse.
Sin embargo, la convivencia también puede generar conflictos entre los miembros de la sociedad, algunos de los cuales se originan cuando una persona comete un acto contrario a las leyes en perjuicio de otra persona.

A lo largo de la historia, los grupos humanos han afrontado los conflictos de distintas maneras. Entre las primeras civilizaciones fue muy común responder a
las afrentas consideradas graves mediante la famosa Ley de Talión: ojo por ojo, diente por diente, según la cual debía aplicarse al agresor un castigo igual al daño producido por él. Así, los homicidas o asesinos, eran asesinados por familiares de su víctima o por las autoridades.

En el antiguo Código de Hammurabi (aproximadamente de 1700 A.C) están escritas normas de convivencia inspiradas en la "Ley del Talión".

También en la antigüedad, hubo quienes, como el filósofo y político griego Calicles, justificaron la Ley del más fuerte para resolver los conflictos. Según esta forma de pensar, los individuos o grupos más fuertes tenían derecho a resolver los conflictos e imponer castigos utilizando su fuerza, sin que fuera necesario justificar su decisión. Los más fuertes, al no tener que dar cuentas a nadie de su conducta, se veían empujados o impulsados a resolver los conflictos a su favor o, cuando menos, a su capricho.

No obstante, desde la antigüedad existieron también otras formas de resolver los conflictos y de solucionar los casos en los que se violaba la ley. Entre estas formas destaca la conciliación, donde la causa o motivo del desacuerdo era sometido al juicio de una persona ajena al conflicto. Generalmente se acudía a los ancianos,
al patriarca (G) u otras autoridades para que resolvieran los conflictos.

Ante la necesidad de perfeccionar sus formas de resolver los conflictos,
las civilizaciones llegaron a establecer reglas claras para que los miembros de la sociedad tuvieran conocimiento de las consecuencias que enfrentarían en caso de violar las leyes. También se establecieron órganos públicos capaces de resolver
los conflictos y de sancionar o castigar las faltas a la ley.

Si bien en un origen la función de resolver conflictos era desempeñada por los reyes y jefes políticos, con el paso del tiempo se generalizó la idea de que dicha función debía ser ejercida por jueces y tribunales especializados, imparciales (G) e independientes (G) . A esta forma de resolver los conflictos se le conoce como sistema de justicia o función jurisdiccional, y es la que se utiliza en la actualidad en nuestro país.