Unidad 2 Tema 3 Actividad 27



Contesta las siguientes preguntas.

¿Sabes o conoces el caso de algún funcionario o funcionaria que haya sido sancionada?

No

¿Cuál fue la sanción y por qué?

Cuando un funcionario o un servidor público cometen un delito durante el desarrollo o desempeño de las actividades y funciones de su cargo, las leyes penales establecen penas específicas, entre las que destacan:

La destitución. Mediante esta pena, se despide o se quita de su cargo o puesto al autor del delito.

La inhabilitación. El castigo consiste en que el autor del delito no podrá en el futuro, y por cierto tiempo, desempeñar funciones o encargos públicos.

Al igual que sucede cuando se aplican otras penas, la destitución o inhabilitación de los servidores públicos no impide que se les impongan otras penas adicionales por el mismo delito.

Las leyes prevén que, si se cumplen ciertas condiciones, el gobierno debe responder con su propio patrimonio por los delitos cometidos por los servidores públicos, como cuando estos últimos no cuentan con bienes suficientes para pagar la reparación del daño.

Por ejemplo, un servidor público que cometiera el delito de homicidio en el ejercicio de su función, será destituido y, además, podría recibir la pena de prisión.

La inhabilitación también puede ser impuesta por otras autoridades además de los jueces. La Secretaría de la Función Pública es la oficina encargada de vigilar el correcto funcionamiento de las oficinas del gobierno federal, es la autoridad que decide sobre la destitución e inhabilitación de un servidor público. Esto lo puede hacer, porque la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos le permite imponer estas sanciones, con independencia de las penas que en determinado momento pueda imponer un juez al abrir un proceso penal en contra de un servidor público.

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