Unidad 4 Tema 2 Actividad 53

 


Durante el proceso penal, la víctima del delito adquiere el derecho a que el Ministerio Público cumpla su función con diligencia y oportunidad, esto es, cuidadosamente y a tiempo, ya que a esta autoridad le corresponde, fundamentalmente, el papel de aportar pruebas para que el delito no quede impune, es decir, sin ser sancionado o castigado.

La víctima también puede, dentro del proceso penal, aportar información y pruebas al juez, y tiene derecho a colaborar con el Ministerio Público en su labor investigadora, así como a recibir asesoría jurídica y atención médica y psicológica. Al finalizar el proceso, la víctima tiene derecho, si así lo ordenara el juez, a recibir la reparación del daño por parte del sentenciado.

La víctima del delito tiene derecho, si así lo requiere,
a recibir atención médica y psicológica durante el proceso penal.

La ley prevé distintos derechos a favor del acusado para evitar abusos en su contra. Algunos de esos derechos son los mismos tanto en la averiguación previa como en el proceso penal, mientras que otros, sólo los tienen quienes enfrentan un proceso penal.

En la unidad anterior, estudiaste la actividad 45 Derechos de los probables autores del delito durante la averiguación previa, consulta la parte donde se mencionan estos derechos e identifica los que, en tu opinión, deben favorecer también a quienes enfrentan el proceso penal como acusados.

En la siguiente actividad aparecen dos columnas, escribe en la primera los principales derechos que tienen los presuntos autores del delito durante la averiguación previa. Esos derechos ya los conoces. Luego, compáralos con los de la segunda columna, donde se mencionan los derechos que tienen los acusados una vez que ha iniciado el proceso penal.

  • No ser objeto de tortura, maltrato, ni ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Estar comunicada, no ser amenazada y a realizar una llamada telefónica.
  • Compañía de un intérprete, en los casos en que la persona inculpada no hable el idioma español o pertenezca a un pueblo indígena.
  • Estar informada de los motivos de la detención y conocer el nombre de la persona o personas que la acusan de haber cometido un delito.
  • La libertad provisional bajo caución, cuando la ley lo autoriza.
  • Ser liberada, si dentro de las 48 horas siguientes a la detención no se le dicta auto de formal prisión. Este término puede extenderse en los casos de delincuencia organizada hasta por 96 horas.
  • Declarar si así lo desea, nadie puede obligarla.
  • Que la autoridad reciba testigos y demás pruebas que el indiciado ofrezca.
  • Nadie puede obligarla a declararse culpable.
  • Permanecer sin consignar, si sólo se cuenta con su propia declaración.
  • Revisión médica y a ser alimentada durante la detención.
  • Ser interrogada durante la audiencia formal, no pueden obligarla a declarar fuera de ella.
  • Ser informada de sus derechos.
  • Defenderse por sí misma, por un abogado particular, por persona de su confianza o por un defensor de oficio.
  • Que se le permita el acceso a los datos necesarios para su defensa.

Derechos del presunto autor del delito, durante la averiguación previa.

Derechos adicionales que adquiere quien es sometido a proceso penal.

El derecho a ser juzgado antes de cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no pase de dos años de prisión; y antes de un año, si la pena sobrepasara ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
El derecho a ser careado, en presencia del juez, con la víctima, excepto cuando ésta es menor de edad y se trate de los delitos de secuestro o violación.
El derecho a ser juzgado por un juez del lugar donde se cometió el delito.
El derecho a oponerse a las determinaciones del juez, mediante el recurso de apelación y otros medios legales.
 
 
 

Dentro del proceso penal, se tiene el derecho de apelar o protestar las sentencias definitivas dictadas por un juez, como la formal prisión y las resoluciones que conceden o niegan la libertad del inculpado. Es decir, mediante el recurso de apelación una de las partes (acusadora o defensora) o ambas, solicitan a un juez o tribunal facultado para ello, una revisión sobre la sentencia o la resolución dictada, para que rectifique o anule la sentencia, que se supone injusta. Están autorizados para apelar: el Ministerio Público que ha sostenido la acusación, el inculpado y su defensa, así como el ofendido o sus legítimos representantes.

Otro de los recursos legales para impedir que se violen los derechos de las personas involucradas en un proceso penal es el juicio de amparo, que veremos en la siguiente actividad.