El 12 de mayo de 2002, hubo elecciones en Ciudad Juárez para elegir presidente municipal. Fueron de carácter extraordinario; es decir, se llevaron a cabo de manera excepcional en una fecha que no estaba prevista en el calendario electoral de Chihuahua. Sin embargo, para llegar al día de la elección se tuvo que pasar por todo un proceso legal en el cual participaron instituciones del Estado y la Federación. Este tema es interesante porque nos muestra cómo funciona una democracia, cuando en una elección hay grupos o partidos que no están de acuerdo con el resultado de la votación. ¿Por qué Ciudad Juárez tuvo elecciones extraordinarias? El 1 de julio de 2001 todos los chihuahuenses fueron a las urnas para elegir alcalde y diputados del estado. En Ciudad Juárez la competencia entre el PRI y el PAN fue muy cerrada. Sin embargo, el candidato del PAN, Jesús Alfredo Delgado, se alzó con la victoria. Quien valida una elección es una institución independiente del gobierno llamada Instituto Estatal Electoral, pero si un partido desaprueba los resultados electorales, argumentando violaciones a la ley, se puede revisar el caso. Esto fue lo que pasó en Ciudad Juárez. El PRI no estuvo conforme con el triunfo del panista y entonces pidió la revisión del proceso electoral. ¿Quién se encarga de revisar y dictaminar si las elecciones estuvieron apegadas a la ley? Los miembros de un organismo llamado Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Es importante aclarar que esta institución no se encarga de decir quien ganó, sino de dictaminar si la elección fue legal. En el caso de Ciudad Juárez, dicho tribunal emitió un fallo en contra de la validez de las elecciones; por lo tanto, no había ganador y se tendrían que realizar nuevos comicios. El PAN no estuvo de acuerdo con esta sentencia -pues le quitaba el triunfo- y pidió a otro organismo que revisara el caso. Así el PAN llevó su alegato a una institución fuera de Chihuahua, que está por encima de todos los tribunales de los estados, llamada Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal tiene la última palabra. Su resolución fue la misma que la del tribunal del estado: las elecciones no se apegaron a derecho y, por lo tanto, deberían anularse. Esto nos lleva a otro problema. Si las elecciones se anularon en Ciudad Juárez ¿quién tomó posesión como presidente municipal? Para que la ciudad no se quedara sin gobierno, la Cámara de Diputados del estado nombró un Consejo municipal y, además, convocó a nuevas elecciones. Debemos recordar que un alcalde es un representante popular y, por lo tanto, debe ser elegido por los ciudadanos. El Consejo municipal sólo gobernaría el municipio por un periodo de 6 meses, hasta que los habitantes de Ciudad Juárez votaran por un nuevo presidente municipal. Los juarenses fueron de nuevo a las urnas el 12 de mayo de 2002 y ahí la mayoría decidió nuevamente que el panista Jesús Alfredo Delgado era el ganador. Otro aspecto destacable es el costo de la repetición de las contiendas electorales. Para estas elecciones extraordinarias el Municipio tuvo que erogar recursos que no tenía previstos en su presupuesto. Finalmente las violaciones a las leyes por parte de los partidos políticos y de los funcionarios de gobierno inciden en el presupuesto. Quien carga con los gastos de las elecciones extraordinarias es la población que participa en las urnas. Esto nos obliga a insistir en que el respeto a la legalidad es un compromiso que deben asumir ciudadanas y ciudadanos desde el inicio de las disputas electorales; también deben permanecer atentos a los excesos de los partidos políticos. Como ya se sabe, en una democracia a veces se gana y a veces se pierde. Pero para validar jurídicamente todo el proceso electoral, en nuestro país existen instituciones que respaldan el valor del voto ciudadano, y nos permiten asegurarnos de que la persona elegida por la mayoría es la misma que desempeña el cargo. Una de las razones que motivaron la anulación de las elecciones en Ciudad Juárez, fue que el alcalde panista en funciones, Gustavo Elizondo, transmitió unos mensajes televisados desde una cadena del Paso, Texas, cuando la ley electoral prohibía a los partidos políticos hacer campaña, y al presidente municipal publicar obra pública. En los anuncios de televisión, el alcalde resaltaba los avances de su gobierno y censuraba a sus críticos. Para los tribunales electorales esta promoción fue el factor decisivo para la anulación. Los tribunales argumentaron que la actitud de Elizondo violó los principios de libertad equidad e imparcialidad, que deben regir toda contienda electoral.
Información tomada de la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, www.trife.gob.mx/acuerdos/sentec_chih.html |